A tan solo horas de celebrar el año nuevo, el panorama político y económico de Guatemala ha sufrido una sacudida mayor. Este martes 30 de diciembre de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el comunicado COM-013-2025, informando una decisión de última hora que impacta directamente en el bolsillo del Estado para el próximo año.
El Pleno de Magistrados, por mayoría, ha decidido otorgar un amparo provisional que deja en suspenso la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
Aquí te explicamos qué pasó y, lo más importante, cómo afecta esto al país.
¿Qué decidió exactamente la CC?
Según el documento oficial, la Corte acumuló varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores (entre ellos Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena).
Estos amparistas denunciaron «vicios formales» en el proceso de aprobación del presupuesto en el Congreso. Es decir, alegaron que la forma en que los diputados aprobaron la ley no siguió las reglas correctas.
La CC, al encontrar aconsejable la protección interina, decidió:
- Suspender temporalmente la aprobación del Decreto 27-2025.
- Este decreto es el que contiene el Presupuesto General para el año 2026.
- También queda suspendido todo lo actuado con posterioridad a esa aprobación.
Implicaciones Críticas para los Guatemaltecos
Esta decisión no es un simple trámite legal; tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del país a partir del 1 de enero de 2026.
1. Incertidumbre Financiera Inmediata El Estado necesita un presupuesto aprobado para operar legalmente el primer día del año. Al suspenderse el nuevo presupuesto (el de 2026), el Gobierno entra en una zona de incertidumbre sobre cuánto dinero puede gastar y en qué puede gastarlo. Los planes de los ministerios (Salud, Educación, Gobernación, etc.) que dependían de nuevos fondos quedan «congelados».
2. El riesgo de repetir el Presupuesto de 2025 La Constitución guatemalteca establece que, si al inicio del año fiscal no hay un nuevo presupuesto aprobado, regirá de nuevo el presupuesto del año anterior. Si la CC no resuelve esto antes del 1 de enero, o si decide anular definitivamente el Decreto 27-2025 más adelante, Guatemala tendrá que operar en 2026 con el mismo techo presupuestario de 2025.
- ¿Por qué es malo esto? Porque las necesidades del país crecen cada año. Hay inflación, la población aumenta y se necesitan nuevos proyectos. Usar el presupuesto «viejo» suele significar que no habrá dinero suficiente para cubrir las nuevas demandas o que se desfinancien programas clave que necesitaban un aumento.
3. Freno a la Inversión Pública y Programas Sociales Si el Presupuesto 2026 contemplaba la construcción de nuevas carreteras, escuelas, hospitales, o aumentos a programas sociales específicos, estos proyectos no podrán iniciar si dependían de los fondos nuevos que ahora están suspendidos. La inversión pública podría paralizarse hasta que se aclare el panorama legal.
¿Qué sigue ahora?
Es vital entender que el amparo otorgado es provisional. Esto significa que es una medida de emergencia mientras la Corte estudia el caso a fondo.
En las próximas semanas (o meses), la CC deberá emitir una sentencia definitiva. Podrían decidir que el Congreso actuó bien y reactivar el Presupuesto 2026, o podrían confirmar que hubo errores graves y anularlo definitivamente, obligando al Legislativo a empezar de cero o a quedarse con el presupuesto anterior.
Por ahora, Guatemala recibe el 2026 con un gran signo de interrogación sobre sus finanzas públicas.
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