A pesar de la instalación de cámaras de seguridad en 2019 y 2020, con una alta inversión, la violencia en Escuintla sigue en aumento. Ciudadanos denuncian falta de resultados y exigen medidas efectivas.
Escuintla – En 2019 y 2020, la instalación de cámaras de seguridad en Escuintla fue presentada como una solución clave para reducir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Con el lema «Más tecnología, menos violencia, más desarrollo», el proyecto generó expectativas entre los habitantes, quienes confiaban en que la videovigilancia permitiría una rápida reacción de las autoridades ante hechos delictivos. Sin embargo, cuatro años después, la violencia persiste sin que se hayan obtenido resultados positivos.
Los constantes asaltos perpetrados por motoladrones, captados en video y difundidos en redes sociales, evidencian la falta de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC). A plena luz del día, delincuentes atacan a personas indefensas sin que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia para frenar la ola criminal que azota la ciudad.
En el marco del Plan Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, el 26 de agosto de 2020, el alcalde Abraham Rivera anunció la primera fase de un nuevo sistema de videovigilancia con la instalación de 12 cámaras adicionales. Estas se sumaron a las ya existentes y fueron integradas al Centro de Monitoreo operado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la PNC, con apoyo de la organización RTI International.
Sin embargo, lejos de cumplir su función principal de prevenir y combatir el crimen, las cámaras fueron utilizadas principalmente para capturar rostros y placas de vehículos con el propósito de imponer multas por infracciones de tránsito, denuncian los ciudadanos escuintlecos. Esto generó una percepción de que la medida estaba más orientada a aumentar la recaudación municipal que a garantizar la seguridad ciudadana.
Ante esta situación, los escuintlecos exigen respuestas y acciones concretas. La implementación de programas de prevención del delito, una mayor presencia policial y una estrategia efectiva de combate al crimen son demandas urgentes en una ciudad donde la inseguridad se ha convertido en el mayor desafío para sus habitantes.
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