El exdiputado José Armando Ubico deberá someterse a pruebas periódicas de drogas y a cinco años de supervisión tras cumplir su condena en EE. UU. por tráfico internacional.
Estados Unidos- El exdiputado José Armando Ubico, quien fue condenado en febrero de 2025 por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, deberá someterse a una serie de condiciones especiales al finalizar su condena, entre ellas, pruebas de detección de drogas y tratamiento para adicciones, informó un sitio de prensa digital nacional.
Ubico, quien representó al partido TODOS en el Congreso de Guatemala, purga una sentencia de 18 años en una prisión estadounidense. Sin embargo, el castigo no terminará con su liberación: un tribunal del Distrito Este de Texas determinó que, una vez en libertad, será colocado bajo supervisión durante cinco años, con vigilancia estricta en cuanto a su comportamiento y consumo de sustancias.
Entre las medidas ordenadas se incluyen: abstenerse de cualquier consumo de drogas ilegales, someterse a una prueba de detección en los primeros 15 días posteriores a su salida de prisión y realizar al menos dos pruebas adicionales de forma periódica. También se le exigirá mantenerse libre de cualquier infracción penal a nivel federal, estatal o local.
La sentencia se emitió luego de que Ubico se declarara culpable de colaborar con una red criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Según la Fiscalía estadounidense, el exfuncionario facilitó el paso de al menos 450 kilogramos de cocaína por territorio guatemalteco hacia EE. UU., actuando como intermediario entre un narcotraficante internacional y otros funcionarios guatemaltecos.
El caso de Ubico tuvo un largo trayecto judicial: aunque fue acusado por un gran jurado en Texas en 2021, gozaba de inmunidad parlamentaria hasta junio de 2023. Tras dejar el Congreso en enero de 2024, se entregó voluntariamente y se declaró culpable en mayo del mismo año.
“El señor Ubico traicionó su cargo y a su país al participar en estas redes criminales”, afirmó el fiscal federal interino Abe McGlothin, Jr., quien aseguró que el caso es una muestra del compromiso de Estados Unidos por desarticular a quienes colaboran con el narcotráfico desde posiciones de poder.
Aunque el caso ya tiene condena, el seguimiento postpenal podría marcar una segunda etapa clave en el proceso, con énfasis en la prevención de reincidencia y vigilancia estrecha de uno de los exfuncionarios más polémicos vinculados al narcotráfico en Guatemala.
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