El Congreso aprobó la Ley de Infraestructura Vial, que busca mejorar las carreteras del país, crear proyectos prioritarios, y establecer controles de contratación para mayor transparencia.
El Congreso de la República aprobó este martes la Ley de Infraestructura Vial, una normativa que introduce cambios significativos en la planificación, ejecución y administración de los proyectos de infraestructura vial en Guatemala. Esta ley busca fortalecer la eficiencia y transparencia en el desarrollo de obras viales, estableciendo un marco claro para la contratación y ejecución de proyectos de importancia nacional.
Creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP)
Como uno de los pilares de la nueva ley, se constituye la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), un ente autónomo dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), responsable de coordinar proyectos prioritarios. La DIPP operará con independencia funcional, financiera, y técnica, y estará dirigida por un consejo liderado por el ministro de Comunicaciones, junto con representantes de las finanzas públicas, la economía, y sectores técnicos como el Colegio de Ingenieros y la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
La DIPP asumirá funciones clave, como planificar y supervisar proyectos de infraestructura, establecer estándares de precalificación y monitorear el estado de las obras. Para facilitar su funcionamiento, contará con el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fopiv), que administrará los recursos necesarios para la ejecución y conservación de proyectos de infraestructura vial.
Plan de Infraestructura Vial Prioritaria y marco de contratación
Para garantizar el desarrollo sostenido de la red vial, la ley exige la creación de un Plan de Infraestructura Vial Prioritaria con una proyección de 30 años, actualizado cada cinco años. Este plan orientará la selección y priorización de obras a través de criterios técnicos y estratégicos.
En términos de contratación, la ley establece modalidades reguladas que incluyen licitación nacional e internacional, fomentando la competencia y la transparencia. Los contratos de concesión para la construcción, operación, y mantenimiento de la infraestructura tendrán un límite de hasta 30 años, incluidas sus modificaciones, y se administrarán mediante el sistema Guatecompras.
Proyectos viales prioritarios y derecho de vía
La ley define una serie de proyectos prioritarios que abarcan rutas fundamentales para el país, como la CA-1 Oriente, la CA-2 Occidente, la CA-8, la CA-9 Norte y Sur, y la CA-14. Estas obras contemplan desde ampliaciones y rehabilitaciones hasta mantenimiento y conservación.
Además, la DIPP tendrá la facultad de identificar y gestionar inmuebles para establecer derechos de vía, necesarios para la ampliación y desarrollo de infraestructura vial. En casos específicos, la normativa permite la expropiación de terrenos según lo establece el Decreto 1000, para facilitar la ejecución de estos proyectos.
Financiamiento y supervisión
Los recursos para implementar esta ley provendrán del presupuesto general del Estado y de otras fuentes como deuda pública y asignaciones específicas. La DIPP será responsable de rendir informes periódicos sobre el estado de la infraestructura al Ministerio de Comunicaciones, Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y el Congreso, reforzando la supervisión y transparencia en el manejo de recursos y avances de los proyectos.
Con la Ley de Infraestructura Vial, Guatemala da un paso hacia la modernización de su red de carreteras, con un enfoque en la planificación a largo plazo, la regulación de los contratos, y una estructura sólida para garantizar el desarrollo de proyectos estratégicos que beneficiarán a la economía y la conectividad del país.
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