El Ministerio Público responde a las declaraciones de Arévalo, reafirmando su autonomía e instando a la PNC a cumplir con sus órdenes, bajo advertencia de sanciones legales.
El Ministerio Público (MP) respondió a las recientes declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC) no acataría órdenes «ilegales» provenientes de la Fiscalía. En su comunicado, el MP enfatizó que las fuerzas de seguridad están obligadas por la ley a cumplir con los requerimientos y acciones relacionadas con sus funciones investigativas.
En el documento, la Fiscalía recordó que su independencia está garantizada por la Constitución, y que ningún poder o autoridad está en posición de intervenir en sus investigaciones. «El Ministerio Público actúa de acuerdo con su mandato constitucional, sin subordinación a ninguna autoridad externa», subrayaron. También advirtieron que, en caso de que agentes de la PNC no cumplan con los requerimientos legales, podrían enfrentarse a sanciones conforme a la ley y, en ciertos casos, a responsabilidades penales.
A pesar de la respuesta del MP, el presidente Arévalo había expresado, en una conferencia de prensa, su rechazo a lo que calificó como acciones «criminalizadoras» y «arbitrarias» del Ministerio Público, particularmente después del allanamiento en la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, ordenado por la Fiscalía. Arévalo indicó que citaría a la fiscal general, Consuelo Porras, para que explique su papel en estos actos y sus implicaciones sobre la libertad de expresión y la persecución de periodistas.
La citación de Arévalo se suma a las anteriores invitaciones que ha realizado al MP para que explique sus decisiones, que en ocasiones, según el mandatario, han vulnerado los derechos fundamentales y desatado crisis en el sistema judicial. En respuesta, el MP recordó que sus investigaciones y acciones se realizan bajo la legislación vigente y los principios de legalidad e imparcialidad, actuando siempre de forma autónoma y sin interferencia de otros poderes del Estado.
Sanciones y cargos por desobediencia
La Fiscalía también dejó claro que cualquier funcionario o agente de la PNC que no acate sus órdenes podría ser sancionado y enfrentaría cargos por desobediencia, incumplimiento de deberes, o incluso obstaculización de la acción penal. El MP enfatizó que, como parte del proceso penal, la PNC debe actuar bajo su supervisión, realizando las diligencias investigativas que se le soliciten.
Los recientes eventos y los intercambios públicos entre el Ejecutivo y el Ministerio Público reflejan un panorama tenso en el que ambos poderes se acusan mutuamente de actuar fuera de la ley. La Fiscalía, en su comunicado, reiteró que su deber es garantizar el cumplimiento de las leyes del país y proteger el orden jurídico, sin injerencia de ningún otro poder.
Este enfrentamiento surge en medio de diversas investigaciones, como la del exministro Alvarado, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero, y el caso de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, quien estuvo presa y bajo presiones que, según Arévalo, fueron un ejemplo de la cooptación del sistema judicial.
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