Ley antilavado genera preocupación: analistas advierten posibles retrocesos por cambios en el Congreso

La discusión de la nueva ley antilavado en Guatemala ha encendido las alarmas entre expertos y sectores económicos, quienes consideran que las modificaciones impulsadas en el Congreso podrían debilitar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en el país.
Analistas señalan que el principal obstáculo para la aprobación de la iniciativa son las múltiples enmiendas presentadas por diputados, debido a que varias de ellas contienen una redacción confusa y carecen de consenso técnico y jurídico.
La propuesta busca modernizar la actual normativa, vigente desde hace más de dos décadas, con el objetivo de fortalecer los controles financieros y cumplir con estándares internacionales. Sin embargo, especialistas advierten que algunos cambios podrían reducir herramientas clave de supervisión y fiscalización.
Entre los puntos que más preocupación generan están las modificaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como ajustes en medidas cautelares y definiciones legales que, según expertos, podrían abrir espacios de vulnerabilidad dentro del sistema financiero.
Economistas y representantes del sector financiero han advertido que una ley debilitada podría afectar la imagen de Guatemala ante organismos internacionales, incrementando el riesgo de sanciones o de ser incluida en listas de vigilancia financiera.
Además, consideran que retrasar o modificar excesivamente la iniciativa podría impactar negativamente en la inversión extranjera, el acceso a créditos internacionales y la confianza en el sistema bancario nacional.
Mientras tanto, distintos sectores han solicitado al Congreso alcanzar acuerdos técnicos y transparentes que permitan aprobar una normativa sólida, capaz de combatir las estructuras financieras ilícitas sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.