La CC aceptó para su trámite un amparo que cuestiona la presencia de militares en la Usac. Se exige una disculpa pública y una garantía de no repetición para evitar futuras incursiones.
Ciudad de Guatemala – La Corte de Constitucionalidad (CC) ha dado trámite a un amparo presentado contra el presidente Bernardo Arévalo en relación con la presencia de fuerzas militares dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). La acción legal, promovida por el abogado Marco Vinicio Mejía, argumenta que el ingreso de elementos del Ejército al campus central constituye una violación a la autonomía universitaria.
El recurso solicita que el mandatario emita una disculpa pública y que se establezca una garantía de no repetición, impidiendo futuras incursiones militares en instalaciones académicas. Además, exige que ni el Presidente ni la Vicepresidenta ingresen a la universidad con escoltas armados.
Los hechos en cuestión ocurrieron el 12 de febrero, cuando un grupo de élite del Ejército, identificado como «Kaibiles», fue visto dentro del campus durante una visita de la vicepresidenta Karin Herrera. Pese a que el gobierno negó que se tratara de una irrupción, las imágenes captadas por estudiantes y cámaras de seguridad mostraron a los militares portando armas de grueso calibre.
La CC ha requerido al presidente Arévalo un informe detallado en un plazo de 48 horas, donde deberá justificar las razones por las cuales elementos armados ingresaron a la Usac. Paralelamente, el amparo argumenta que esta acción vulnera el artículo 82 de la Constitución, que prohíbe la presencia de fuerzas armadas en recintos universitarios.
A raíz del incidente, las autoridades de la Usac suspendieron las actividades académicas y administrativas, lo que, según el abogado Mejía, interrumpió el derecho a la educación y generó un ambiente de tensión e incertidumbre entre estudiantes y personal.
El gobierno, por su parte, ha insistido en que la presencia militar responde a los protocolos de seguridad de la Vicepresidenta y que el Ejército forma parte del tercer anillo de resguardo para altos funcionarios. Sin embargo, las críticas han crecido y ahora la resolución de la CC podría establecer un precedente sobre la relación entre la autonomía universitaria y la seguridad presidencial.
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