Presidente Arevalo, su gabinete y autoridades indígenas piden salida de Porras y presentan acción legal en su contra (Video)

El presidente Arévalo, junto a autoridades indígenas y su gabinete, presentó un amparo contra la fiscal general Consuelo Porras, exigiendo su renuncia y respeto al liderazgo indígena.

Guatemala, Ciudad – Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente Bernardo Arévalo anunció la presentación de un amparo contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. La acción fue respaldada por el Gabinete de Gobierno, la vicepresidenta Karin Herrera y representantes de las Autoridades Ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala.

El recurso fue promovido por la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, religiosos y representantes de organismos internacionales. El objetivo del amparo es garantizar el respeto al debido proceso para líderes indígenas que han sido criminalizados y exigir el cese de la persecución institucional que, según sus promotores, viola derechos fundamentales.

«Es urgente recuperar la dignidad de las instituciones de justicia, que han sido cooptadas por redes que actúan al margen del mandato constitucional», expresó Arévalo. Además, reiteró su llamado a la renuncia inmediata de Porras y señaló la necesidad de reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para asegurar mecanismos de control institucional y evitar abusos de poder.

La medida legal también busca que se reconozca el ejercicio legítimo de la autoridad ancestral y se declare ilegal la práctica de catalogar como actos terroristas las manifestaciones de los pueblos originarios. El caso de Luis Pacheco, exlíder de los 48 Cantones de Totonicapán, detenido recientemente, fue citado como ejemplo del uso desproporcionado del poder penal contra el movimiento indígena.

El amparo representa un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, en medio de un contexto nacional marcado por la exigencia de una transformación profunda del sistema de justicia guatemalteco. Las autoridades indígenas han reiterado su compromiso con la defensa de sus derechos colectivos, y el Ejecutivo ha manifestado su respaldo político y legal para garantizar esa protección.