En 2025, el Gobierno y el Congreso aprobaron un presupuesto sin precedentes para los CODEDES: más de Q12 mil millones, incluyendo una asignación extraordinaria adicional de alrededor de Q5 mil millones.
A marzo, apenas se había ejecutado un 2.93 % de ese presupuesto.
Para mayo, la ejecución total alcanzaba solo el 8.42 % (aproximadamente Q1,033 millones), mientras que el aporte extraordinario del presupuesto aún registraba un 0 % de ejecución, lo cual pone en riesgo su uso en este ejercicio fiscal.
Autoridades del Ministerio de Finanzas estiman que solo el 60 % del presupuesto —unos Q7,341 millones— podría ser ejecutado para fin de año, dependiendo de la capacidad operativa de las unidades ejecutoras.
Especialistas advierten que la fórmula de asignaciones mínimamente transparentes y la falta de controles técnicos ha debilitado la credibilidad de los CODEDES. Algunos señalan que estos espacios corren el riesgo de convertirse en instrumentos de intercambio político más que de desarrollo local efectivo.
El monto asignado —Q3,444 millones como base para CODEDES por medio del IVA PAZ y otros fondos— se distribuyó entre regiones según una definición nacionalizada, orientada a ejes como seguridad alimentaria, desarrollo rural y descentralización administrativa.
El CODEDE de Escuintla, aunque aparece en color amarillo, con un mejor avance en relación con el resto de departamentos, sigue teniendo retrasos en la ejecución de estos proyectos asignados al presente año.
Cabe resaltar que en 2024 se reportó que Escuintla ejecutó Q131.5 millones en 156 proyectos, cubriendo mejoramiento de centros escolares, calles, centros de salud y otros servicios básicos. Esa ejecución, aunque positiva, corresponde al año anterior; aún no hay datos claros sobre el avance en 2025.
El 2025 representa un desafío sin precedentes para los CODEDES, con montos de financiamiento nunca antes vistos, pero una ejecución que hasta ahora demuestra rezago significativo. Escuintla muestra avances en el año anterior, pero aún falta evaluación del progreso en este ejercicio fiscal, donde los plazos legales y la eficacia institucional serán determinantes.
Si no mejora la agilidad operativa, el aporte extraordinario podría quedar sin ejecutar y buena parte de este presupuesto regresar al fondo común —aunque cambios legales recientes permiten posponer su uso hasta 2026.
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