Centroamérica / Política. — El clima de inestabilidad política en Honduras ha escalado a niveles alarmantes este jueves 8 de enero de 2026. Un ataque con un artefacto explosivo (descrito preliminarmente como una bomba de fabricación casera o de impacto) sacudió las instalaciones del Congreso Nacional en Tegucigalpa, dejando como saldo al menos una legisladora herida y daños materiales en la infraestructura.
Los Hechos: Violencia en el Poder Legislativo
El incidente ocurrió en medio de una jornada de alta fricción parlamentaria. Según reportes confirmados por fuentes policiales y testigos en el lugar, un grupo de simpatizantes identificados con el partido Libertad y Refundación (LIBRE) lanzó el explosivo contra el recinto legislativo mientras se desarrollaba una sesión.
- Bajas confirmadas: Se ha confirmado que una diputada (cuya identidad está bajo reserva médica) resultó herida por esquirlas y la onda expansiva, siendo trasladada de emergencia a un centro asistencial privado en la capital hondureña.
- La autoría: Testigos señalaron que el ataque provino de grupos de choque que se encontraban en las afueras del edificio manifestando su descontento tras los recientes cambios de poder y la transición política en el país.
Reacción de las Autoridades
Inmediatamente después del estallido, la Policía Nacional de Honduras y unidades especializadas de las Fuerzas Armadas activaron los protocolos de seguridad de alto nivel:
- Evacuación: El Palacio Legislativo fue desalojado por completo para permitir la entrada del escuadrón antibombas.
- Operativos: Se han instalado retenes en los accesos al centro histórico de Tegucigalpa para localizar a los responsables.
- Investigación: El Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación por «atentado contra los altos poderes del Estado».
Contexto Político: Un país dividido
Honduras atraviesa un periodo de transición sumamente complejo. Tras la salida del poder del partido LIBRE, las tensiones entre la nueva administración y la oposición se han trasladado de los debates a las calles. Analistas advierten que este atentado representa un desafío directo a la institucionalidad del país y podría endurecer las medidas de seguridad por parte del Gobierno central.
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