Con 1,500 agentes de PNC para más de 750 mil habitantes, Escuintla enfrenta una crisis de seguridad, agravada por la falta de recursos y personal operativo adecuado.
El departamento de Escuintla enfrenta una preocupante realidad: cuenta con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) por cada 500 habitantes. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2018, Escuintla tenía una población de 733,181 personas, cifra que en 2024 ha sido superada, incrementando la necesidad de mayor seguridad.
Tomando como base una población estimada de 750,000 habitantes y 1,500 agentes asignados a la región, las matemáticas reflejan una insuficiencia evidente. Además, este número disminuye en la práctica, ya que se deben descontar los agentes en vacaciones, suspendidos, asignados a la protección de personalidades y aquellos distribuidos en turnos.
El desafío no termina ahí. Con una extensión territorial de aproximadamente 4,384 kilómetros cuadrados y 14 municipios, garantizar la seguridad de los habitantes es una tarea monumental. Las subestaciones policiales enfrentan una grave carencia de patrullas, tanto de vehículos como de motocicletas, lo que favorece las actividades delictivas.
A esta problemática se suma un cementerio de patrullas inservibles ubicado en la zona 3 de Escuintla, como se evidenció en publicaciones previas. La falta de asignación de recursos para el mantenimiento de estas unidades ha dejado a las pocas que aún funcionan en un estado precario, con el riesgo de quedar fuera de servicio en cualquier momento.
La situación exige atención inmediata, especialmente en la temporada de fin de año, cuando el movimiento económico incrementa y, con él, los riesgos de inseguridad. Es urgente que la gobernadora Vivian Mayorga tome medidas decisivas, gestionando más agentes y asegurando recursos permanentes para mejorar la seguridad ciudadana.
La seguridad de Escuintla no puede seguir relegada; requiere líderes comprometidos que enfrenten este flagelo con estrategias claras y recursos suficientes.
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