Inicio Nacionales A horas de la denuncia por persecución en el caso B410, Curruchiche y la FECI allanan empresa de familiares del jefe de la SAT, pese a que el MP lo había negado
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A horas de la denuncia por persecución en el caso B410, Curruchiche y la FECI allanan empresa de familiares del jefe de la SAT, pese a que el MP lo había negado

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Foto: Captura de pantalla.
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Un día después de que Marco Livio Díaz, titular de la SAT, denunciara posibles investigaciones en su contra, el MP efectuó allanamientos en una empresa relacionada con su familia. Realizan operativo en zona 15.

El Ministerio Público (MP), encabezado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), realizó hoy 5 de diciembre un allanamiento en las oficinas de Moore Díaz Reyes y Asociados, una empresa vinculada a familiares (hermanos) de Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las diligencias se llevaron a cabo en la zona 15 de la capital y continúan en desarrollo.

Este operativo ocurre luego de que Díaz denunciara el 4 de diciembre que el MP podría estar investigándolo tras haber señalado irregularidades en el caso B410, una presunta red de defraudación tributaria que involucra a altos funcionarios y empresas.


Reacción del Ministerio Público

Moisés Ortiz, vocero del MP, había desmentido ayer que existiera una investigación formal contra Díaz en este momento. Sin embargo, aclaró que la institución está obligada a dar seguimiento a cualquier denuncia presentada.

«Llama la atención que el superintendente asuma acciones en su contra. Desconocemos cómo obtuvo esta información, ya que no hay una investigación activa más allá de las diligencias relacionadas con el caso B410, lideradas por la Fiscalía de Delitos Económicos”, puntualizó Ortiz.


Posición de Díaz y medidas legales

Ante la posibilidad de ser detenido, Díaz Reyes aclaró que, al no contar con antejuicio, podría ser aprehendido si así lo determinara un juez, pero señaló que esto sería una intromisión en sus funciones, basada únicamente en declaraciones de implicados en el caso.

Para proteger sus derechos, Díaz presentó un amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando garantías de presunción de inocencia, defensa y debido proceso tanto para él como para su familia. Además, pidió acceso a la carpeta judicial que detalla las investigaciones relacionadas con el caso.


Postura presidencial

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció en defensa del titular de la SAT a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter):
«Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se refleja en el éxito de la SAT. Guatemala merece una justicia que respalde a quienes denuncian la corrupción, no al revés. Este sinsentido debe cesar, ya que afecta a todo el país.”


Contexto del caso B410

El caso B410, que provocó estas tensiones, involucra una supuesta red de defraudación tributaria que habría desviado más de 300 millones de quetzales. Entre los señalados figura Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, junto a otras empresas.

La denuncia de Díaz contra esta red expuso nombres de alto perfil, lo que ha generado controversias y divisiones entre las instituciones encargadas de la justicia tributaria.


Sin capturas confirmadas

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con los allanamientos. La investigación en torno al caso B410 y su impacto en las dinámicas institucionales sigue siendo motivo de atención nacional, mientras se cuestiona la independencia de las entidades judiciales en Guatemala.

La FECI, encabezada por Rafael Curruchiche, realiza operativos en oficinas vinculadas a familiares del superintendente Marco Livio Díaz, tras su denuncia sobre la mega defraudación tributaria.


Investigación en marcha

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dirigió este jueves 5 de diciembre una serie de allanamientos en la capital. Uno de los operativos se centró en una empresa vinculada a familiares de Marco Livio Díaz, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los operativos, llevados a cabo en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala, se desarrollaron en las instalaciones de Moore Díaz Reyes y Asociados, según confirmaron fuentes policiales. Aunque las diligencias siguen en curso, hasta el momento no se han reportado capturas ni se han revelado detalles oficiales sobre las investigaciones.


Arévalo defiende a Díaz

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó rápidamente al operativo, expresando su respaldo al superintendente de la SAT y denunciando lo que considera un ataque injustificado. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó:

«Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT. Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción.”


Denuncias cruzadas y contexto del caso B410

Un día antes de los allanamientos, Marco Livio Díaz denunció públicamente que la FECI estaría preparando una investigación en su contra, como represalia por la denuncia del caso B410. Este caso involucra una red de defraudación tributaria que, según la SAT, habría desviado más de 300 millones de quetzales, vinculando a importantes empresas y figuras políticas.

Díaz ha señalado que su labor al frente de la SAT ha sido transparente y conforme a la ley, pidiendo respeto por sus derechos y el debido proceso. La investigación del caso B410 ha generado tensiones entre las instituciones, aumentando el escrutinio público hacia el sistema judicial guatemalteco.


Reacciones divididas

Mientras los allanamientos continúan, la opinión pública permanece polarizada. Por un lado, algunos sectores ven estos operativos como una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables de la corrupción. Por otro lado, quienes critican a Díaz cuestionan posibles conflictos de interés en su gestión.

Este caso, que combina elementos de justicia tributaria, política y corrupción, subraya las complejidades del combate a la impunidad en Guatemala y pone nuevamente en el foco la independencia de las instituciones judiciales.

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