Carlos García Rubio irá a juicio por el homicidio de Hansel Szarata, jefe legal del Congreso, ocurrido tras una salida nocturna que terminó en tragedia

La jueza de turno Patricia Flores resolvió este lunes que Carlos García Rubio, ex viceministro de Gobernación, debe enfrentar proceso penal por el delito de homicidio, relacionado con la muerte del abogado del Congreso, Hansel Szarata.

Guatemala, Ciudad – La decisión fue tomada por la jueza Carol Patricia Flores Polanco tras escuchar los argumentos del Ministerio Público (MP) y la defensa del exfuncionario, quien fue vinculado con un ataque armado ocurrido a la salida de una discoteca en la zona 16 capitalina, la madrugada del 5 de abril. Además del proceso judicial, García Rubio fue enviado a prisión preventiva en Mariscal Zavala, mientras se desarrolla la fase de investigación.

Videos clave y versiones contrapuestas

Según la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, las cámaras de seguridad muestran los últimos momentos de Szarata, quien habría salido del centro nocturno junto a García Rubio y otras personas. En las imágenes, se observa una interacción amistosa entre el exviceministro y la víctima, pero más adelante ocurre una discusión cuya causa aún no ha sido esclarecida.

La hipótesis del MP señala que tras un primer ataque armado por individuos que viajaban en un pick-up gris, García Rubio presuntamente fue a buscar su arma y disparó por la espalda a Szarata, provocando su muerte. La escena fue documentada en grabaciones que, de acuerdo con la jueza, son determinantes para continuar con el proceso.

Defensa: “Faltan pruebas técnicas”

A la salida de la audiencia, el exviceministro rechazó los señalamientos y aseguró que la resolución judicial se basa en “análisis equivocados”. García Rubio alegó que el caso está en una etapa preliminar y que no se cuenta aún con peritajes balísticos concluyentes ni con un análisis de trayectoria del proyectil. “El disparo fue por la espalda y yo estaba frente a él”, dijo ante los medios, al tiempo que insistió en que se debe analizar el contexto completo del incidente.

También afirmó que él mismo se presentó voluntariamente ante la justicia, mientras que no hay órdenes de captura contra los otros involucrados en el altercado. Según su versión, las personas que se movilizaban en el pick-up fueron quienes inicialmente dispararon, generando el caos. Agregó que entregó grabaciones de otras cámaras que no fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía.

Testimonios y contradicciones

Durante la audiencia, la jueza Flores también destacó las declaraciones de dos agentes de la Policía Nacional Civil asignadas como seguridad del exfuncionario. Ellas relataron que no pudieron ingresar armadas al establecimiento y que escucharon detonaciones mientras se encontraban con García Rubio.

Uno de los puntos señalados por la jueza fue que el exviceministro, según testimonios, regresó a buscar su arma antes de que ocurriera una segunda ronda de disparos. En ese lapso, Szarata habría sido abatido por la espalda. La versión fue respaldada por los videos, que muestran a la víctima desplomarse en el momento en que regresaba hacia su vehículo.

Un hecho con múltiples actores

Aunque la defensa argumenta que hubo manipulación de hechos y que faltan elementos de prueba esenciales, la resolución judicial se sustentó en los registros audiovisuales y testimoniales. La jueza ordenó tres meses para que el MP complete la investigación y determine la posible responsabilidad de otras personas que aún no han sido individualizadas.

“Él era mi amigo, era como un hermano”, dijo García Rubio sobre la víctima, al asegurar que no tuvo intención de asesinarlo y que su reacción fue parte de un intento por protegerse a sí mismo y a Szarata de un ataque armado externo.

El caso continuará en tribunales mientras se esclarecen los hechos y se identifican a todos los participantes del incidente que acabó con la vida del funcionario del Congreso.

En resúmen

En 2021, García Rubio ocupó el cargo de viceministro de Prevención de la Violencia en la administración de Alejandro Giammattei. Un año después, recibió pagos por un total de Q306 mil provenientes del Ministerio de Ambiente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones, por servicios de consultoría y capacitaciones. No obstante, actualmente el Ministerio Público (MP) lo acusa de estar implicado en la muerte de Szarata Valdés, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso de la República.