Tras 90 días en prisión preventiva, Ligia Hernández, exdiputada de Semilla, sale en libertad luego de aceptar cargos de financiamiento electoral no registrado, en medio de acusaciones de persecución judicial. Foto: AGN.
La exdiputada y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Iveth Hernández Gómez, recobró su libertad este lunes tras pasar 90 días en prisión preventiva. Esto ocurrió luego de que aceptara su responsabilidad en los cargos por financiamiento electoral no registrado, relacionados con su participación en el caso de corrupción vinculado al partido Movimiento Semilla.
Hernández, quien fue detenida el 13 de agosto por el Ministerio Público, afirmó en un comunicado que, a pesar de mantener su inocencia, tomó la decisión de acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos para proteger su salud y el bienestar de su familia. «Cada minuto en prisión fue una tortura», expresó, al manifestar su desolación y enfermedad tras tres meses de detención. La exdiputada también destacó que las condiciones políticas en el país no han cambiado y que no parecen mejorar en el futuro cercano.
La exlegisladora, que ocupó el cargo de diputada de 2020 a 2024 y fue una figura cercana al presidente Bernardo Arévalo, señaló en su comunicado que las dificultades personales y las presiones que enfrentó durante su tiempo en prisión la llevaron a tomar la difícil decisión de aceptar los cargos que se le imputaban. En sus palabras, esta aceptación no fue un acto de egoísmo, sino un paso difícil pero necesario para salvaguardar lo que más valora: su vida, la de sus hijos y su salud. «Tomé esta decisión con el objetivo de proteger a mi familia y continuar con mi compromiso de servir al país», comentó.
El procedimiento especial de aceptación de cargos es una figura que permite a los imputados reconocer su culpabilidad en ciertos delitos a cambio de una reducción de la pena. Hernández fue condenada a un año de prisión por cada uno de los delitos imputados, relacionados con el financiamiento electoral no registrado y la fiscalización de fondos, y además se le impuso una multa de Q20,000. Sin embargo, debido a su decisión de acogerse a este procedimiento, las penas fueron reducidas en un 50%, permitiéndole salir en libertad tras tres meses de encarcelamiento.
En su declaración, la exdiputada admitió que, como parte de su rol en el partido, evitó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizara su labor de fiscalización de los fondos del Movimiento Semilla. Reconoció que, durante su gestión, se realizaron acciones encaminadas a ocultar el origen de los fondos que el partido utilizaba para sus actividades, emitiendo recibos de ingresos sin identificar a los financiadores de manera adecuada. También aceptó haber firmado informes financieros en los cuales no se reflejaba de manera correcta la procedencia de los fondos del partido.
A lo largo del proceso judicial, Hernández sostuvo que no había recibido el apoyo esperado de las autoridades, quienes no solo habían aplicado el sistema judicial como un medio de persecución política, sino que también la habían sometido a condiciones que afectaron gravemente su salud física y emocional. En su comunicado, relató que la decisión de aceptar los cargos fue dolorosa, pero fue el único camino que encontró para «salvar lo que más importa».
El caso, que permanece bajo reserva judicial, ha sido ampliamente criticado tanto a nivel nacional como internacional, ya que muchos lo consideran una represalia política. La detención de Hernández fue vista como un ejemplo de la utilización del sistema judicial para desestabilizar al nuevo gobierno de Arévalo, quien asumió la presidencia en 2024 tras una sorprendente victoria en las urnas. Estados Unidos también expresó su preocupación por lo que calificó como un uso indebido del poder judicial y condenó las acciones del Ministerio Público.
A pesar de las acusaciones en su contra, el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Arévalo, ha expresado su respaldo a Hernández. En respuesta a las críticas y a las declaraciones de la exdiputada, el Ejecutivo afirmó que continuará brindándole apoyo. La exlegisladora, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de su familia, amigos y diversos grupos de mujeres que han estado a su lado desde el inicio de este proceso.
En su comunicado, Hernández expresó que su prioridad ahora es sanar y recuperar su vida. Aseguró que tomará un tiempo para evaluar los próximos pasos en su vida política y personal, destacando que su salud y la de su familia son su principal preocupación en este momento. La exdiputada concluyó su mensaje agradeciendo a todas las personas que, a lo largo de este proceso, se han solidarizado con ella, exigiendo justicia y luchando por su liberación.
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