Autoridades de Guatemala y México colaboraron para expulsar del país a un presunto integrante del Barrio 18, requerido por la justicia salvadoreña desde 2023.
Frontera El Carmen, San Marcos – Un nuevo caso de cooperación efectiva entre países del Triángulo Norte y México quedó evidenciado tras la localización y expulsión de Guatemala de un ciudadano salvadoreño requerido por delitos graves. Se trata de Roberto Ernesto Hernández Santos, alias “Smaylin”, de 38 años, señalado por pertenecer al Barrio 18, quien fuera capturado ayer lunes 7 de abril.
El operativo se activó gracias a los canales de comunicación entre el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de Guatemala y sus contrapartes regionales. México notificó la presencia del sospechoso en su territorio, lo retuvo y coordinó su entrega en el punto fronterizo de El Carmen, en Malacatán, donde fue recibido por la Policía Nacional Civil guatemalteca.
Posteriormente, las autoridades guatemaltecas entregaron al individuo a agentes salvadoreños para su traslado y puesta a disposición judicial.
Delitos que enfrenta y trayectoria criminal
El historial de Hernández Santos ante las autoridades salvadoreñas es extenso. Está vinculado desde 2006 a delitos como homicidio en grado de tentativa, resistencia, agrupaciones ilícitas, ocupación ilegal de inmuebles y, más recientemente, tenencia y portación irresponsable de armas, por lo cual se emitió una orden judicial en junio de 2023.
Investigaciones regionales también lo identifican como ejecutor armado dentro del Barrio 18, lo que refuerza su perfil como figura activa dentro de una estructura delictiva transnacional.
Un esfuerzo sostenido por la seguridad regional
La expulsión de Hernández Santos refuerza el compromiso de los gobiernos de Guatemala, México y El Salvador por erradicar las redes criminales que operan más allá de las fronteras. Este caso representa una muestra tangible de los resultados que pueden alcanzarse cuando se prioriza la cooperación en inteligencia, seguridad y justicia.
Las autoridades reiteraron su disposición a continuar fortaleciendo estos mecanismos regionales de respuesta, en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado.
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