Con multas de Q500 a Q3,000 y penas de hasta tres años de prisión, la normativa de Codisra sobre monitoreo de publicaciones por discriminación étnico-racial genera inquietud por su impacto en la libre expresión.
La Comisión Nacional Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas (Codisra) ha reformado su reglamento para incluir entre sus funciones el monitoreo a medios de comunicación y redes sociales. Este cambio busca identificar y denunciar actos de discriminación étnico-racial, fortaleciendo su misión desde su creación en 2002. Sin embargo, la medida ha generado polémica.
Por un lado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), y otras entidades privadas han expresado su rechazo, advirtiendo que esta acción podría abrir la puerta a la censura y limitar la libertad de prensa. Por otro lado, representantes indígenas y defensores de derechos humanos respaldan la reforma, argumentando que es un paso necesario en la lucha contra el racismo estructural que afecta al país.
El pasado 22 de noviembre el presidente Bernardo Arévalo de León firmó la reforma al Acuerdo sobre la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala (CODISRA), en el marco del Diálogo Nacional con Autoridades Indígenas y Ancestrales. Con ello el Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con la institucionalidad indígena y la lucha contra el racismo y la discriminación, publicó en su canal de Facebook el Gobierno de Guatemala.
Contexto y antecedentes
La discriminación es un delito penalizado en Guatemala desde 2002, con penas que van de uno a tres años de prisión y multas de Q500 a Q3,000. Según el Código Penal, estas sanciones pueden incrementarse en casos de discriminación cultural, étnica o idiomática, especialmente si el responsable es un funcionario público.
En el pasado, Codisra ha señalado casos notables de discriminación en medios. En 2015, denunció al cantante Mr. Fer por un comentario en redes sociales considerado ofensivo, lo que culminó en una disculpa pública. Según Gerardo Chavajay, actual comisionado de Codisra, la reforma no busca restringir la labor periodística, sino fortalecer la vigilancia para erradicar discursos racistas.
Reacciones y análisis
Evelyn Blanck, experta en libertad de expresión, opina que el monitoreo es una práctica legítima, siempre que no se utilice para criminalizar a los medios. Sin embargo, reconoce que, en el actual contexto de Guatemala, donde periodistas enfrentan hostigamiento y criminalización, estas reformas generan suspicacia.
Por su parte, el vocero presidencial, Santiago Palomo, aseguró que el Ejecutivo revisará la normativa para garantizar que no vulnere derechos fundamentales. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) califica a Guatemala como uno de los países más desafiantes para el ejercicio libre del periodismo en América.
Hacia un país menos racista
El racismo en Guatemala es un problema histórico. El Estado reconoció su existencia oficialmente en 1995 con la firma del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La reforma al reglamento de Codisra representa un intento por avanzar en el cumplimiento de este compromiso, aunque enfrenta el desafío de equilibrar la defensa de los pueblos indígenas con la protección de las libertades democráticas.
La implementación de esta reforma será clave para determinar si logra fortalecer la lucha contra el racismo sin menoscabar los derechos de otros sectores.
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