La normativa corresponde al Decreto Número 27-2024, denominada Ley para la agilización de la ejecución de obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y fue publicada en el Diario de Centro América.
El Congreso de la República aprobó y publicó el Decreto Número 27-2024 en el Diario de Centro América, una normativa que permitirá trasladar los fondos de obras municipales que queden pendientes en 2024 para ser ejecutados en 2025. Esta medida busca fortalecer la inversión pública y acelerar el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales del país.
La reforma, que modifica el artículo 45 de la Ley Orgánica del Presupuesto, permite a los Consejos de Desarrollo gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas una ampliación presupuestaria. Esta ampliación incorporará los saldos de obras registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) que no hayan sido concluidas en el ejercicio fiscal anterior.
En los casos donde los proyectos aún no se hayan iniciado, la normativa estipula que los saldos correspondientes sean reintegrados de oficio al fondo común. Asimismo, los recursos del IVA-Paz no ejecutados serán transferidos a un presupuesto ampliado que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025.
Fiscalización y seguimiento
El decreto otorga a la Contraloría General de Cuentas la responsabilidad de fiscalizar el avance de los proyectos en curso, mientras que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) tendrá un rol clave en monitorear los proyectos y alertar sobre posibles retrasos en su ejecución.
Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, las entidades involucradas en la gestión de los Consejos de Desarrollo tendrán 30 días calendario para actualizar sus reglamentos tras la entrada en vigencia de la ley.
Objetivos sociales y económicos
La nueva legislación tiene como propósito facilitar los procesos para implementar proyectos de infraestructura que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades. Esto incluye mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar la participación comunitaria y garantizar la continuidad de obras prioritarias.
El decreto, que entra en vigor un día después de su publicación, estará vigente hasta el 1 de enero de 2025. Su enfoque estratégico busca asegurar que las inversiones públicas sean ejecutadas de manera eficiente, evitando retrasos que puedan afectar el desarrollo de las comunidades más necesitadas.
Al establecer un plazo definido, el Congreso espera estimular el progreso en áreas vulnerables, haciendo de la Ley para la agilización de la ejecución de obras de Consejos de Desarrollo un instrumento esencial para superar los desafíos de planificación y gestión en los proyectos de infraestructura pública.
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