La CSJ decidirá si retira la inmunidad al juez Fredy Orellana tras una denuncia presentada por la diputada Andrea Reyes, quien también exige investigar al personal del Juzgado Séptimo.
El Juzgado Octavo Penal ha remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Penal. La acción responde a una denuncia de la diputada Andrea Reyes, quien afirma haber sido víctima de intimidación y vulneración de sus derechos mientras litigaba en el caso relacionado con el partido Movimiento Semilla.
Resolución y medidas adicionales
En su resolución, el Juzgado Octavo se inhibió de conocer el caso y ordenó a la CSJ determinar si procede el retiro de inmunidad del juez. Adicionalmente, el fallo certificó lo conducente contra el personal auxiliar del Juzgado Séptimo, quienes también son señalados en la querella y no gozan de derecho de antejuicio.
La diputada sostiene que miembros del personal tomaron fotografías de ella durante su labor profesional, que luego habrían sido difundidas en redes sociales por netcenters con fines de intimidación. Este acto, según Reyes, constituye una violación a sus derechos como mujer, abogada y legisladora.
Andrea Reyes presentó la denuncia respaldada por delitos como violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, abuso de autoridad, discriminación, instigación a delinquir, retardo a la justicia y revelación de secretos. “Estas acciones no solo buscan desacreditarme profesionalmente, sino que son un ataque directo contra mi dignidad como mujer y mi labor en defensa de la justicia”, declaró Reyes.
Además, interpuso una queja administrativa en los tribunales para exigir que se investigue y sancione a los responsables.
Antecedentes del juez y el caso Movimiento Semilla
El juez Fredy Orellana ha estado en el centro de la polémica desde noviembre de 2023, cuando emitió una resolución que canceló la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. Dicha decisión estuvo motivada por supuestas irregularidades en el financiamiento y manejo de los fondos electorales del partido, basándose en denuncias impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Estas resoluciones, acompañadas de cuestionamientos al proceso electoral de 2023, han generado tensiones políticas y legales en Guatemala, afectando la estabilidad del sistema judicial y la confianza pública.
Implicaciones del proceso
Con la CSJ como autoridad máxima para resolver la solicitud de antejuicio, el caso también pone bajo la lupa la gestión y las prácticas dentro del Juzgado Séptimo Penal. De confirmarse las acusaciones, podrían desatarse investigaciones más profundas sobre las dinámicas internas del juzgado y el posible uso indebido de su personal para acciones intimidatorias.
Este proceso judicial no solo determinará la situación del juez Fredy Orellana, sino que también será un punto de inflexión en la lucha por la transparencia y el respeto a los derechos de los litigantes dentro del sistema de justicia guatemalteco.
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