CSJ rechaza antejuicios contra el presidente Arévalo, la fiscal Porras y el juez Orellana

La Corte Suprema de Justicia rechazó sin analizar varias solicitudes de antejuicio contra el presidente Arévalo, la fiscal general Porras y el juez Orellana por casos políticos y electorales.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar sin entrar a conocer varias solicitudes de antejuicio dirigidas contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente Bernardo Arévalo, la fiscal general Consuelo Porras y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. Las acciones estaban relacionadas, en su mayoría, con la crisis institucional derivada del proceso electoral de 2023 y posteriores intentos por revertir sus resultados.

En sesión ordinaria del pasado miércoles 21 de mayo, los magistrados resolvieron por unanimidad declarar “in limine” —sin discusión de fondo— los expedientes promovidos por ciudadanos y actores institucionales que buscaban el retiro de inmunidad de estas figuras por hechos considerados como abusos de poder o interferencias indebidas.

La denuncia contra Arévalo y el diputado Samuel Pérez fue promovida por Miguel Balsells López, quien los acusó de respaldar públicamente las manifestaciones pacíficas convocadas por autoridades ancestrales en defensa de los resultados electorales. Mientras tanto, la ciudadana Alida Arana Vicente señaló a Porras y Orellana por su rol en el secuestro de cajas electorales del TSE, material clave para la validación del proceso.

También se rechazó la solicitud contra Gerardo Guerrero Garnica, secretario privado de la Presidencia, por su presunta responsabilidad en la destitución de funcionarios en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), un caso que involucra a figuras vinculadas al gobierno anterior.

De acuerdo con el vocero del Organismo Judicial, Ludwin Villalta, el rechazo generalizado de los antejuicios obedeció a la falta de elementos que justificaran abrir proceso contra los denunciados. No obstante, diversos sectores consideran que esta postura de la CSJ refleja una tendencia a proteger a las élites políticas y judiciales frente a denuncias legítimas de la ciudadanía.

Estos rechazos se suman a resoluciones previas en las que la Corte ha impedido que se investigue penalmente a figuras clave como la fiscal general, aun con múltiples señalamientos por acciones que habrían interferido con la transición democrática en 2024.

Para analistas independientes, esta postura de la CSJ representa un obstáculo para la rendición de cuentas y la independencia de poderes, sobre todo cuando se trata de hechos vinculados al sistema electoral, la protesta ciudadana y el rol del Ministerio Público en presuntas acciones de judicialización política.