Dirigentes del STEG serán investigados por el MP al desobedecer orden judicial que exigía reanudar clases

El MP investigará al Comité Ejecutivo del STEG por incumplir una orden judicial que exigía el retorno a clases. Las sanciones incluyen multas y posibles acciones legales.

Guatemala, Ciudad – Una nueva resolución judicial emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social podría tener consecuencias legales para los principales dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG). El tribunal, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, ordenó certificar lo conducente contra los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como sus representantes seccionales y subseccionales, por no acatar una sentencia que les exigía restablecer las actividades educativas.

A la fecha se han presentado más de 6 mil 500 actas a docentes que no se han presentado a sus labores, informó este lunes el presidente Bernardo Arévalo el lunes.

El caso fue trasladado al Ministerio Público (MP), que deberá determinar si el desacato de los sindicalistas constituye delito. La resolución judicial también solicitó al Ministerio de Educación un listado oficial con los nombres completos de los dirigentes del STEG, con el fin de imponerles sanciones individuales. Estas multas podrían oscilar entre Q100 y Q4,000, dependiendo del grado de responsabilidad de cada miembro implicado.

El conflicto legal tiene su origen en una sentencia emitida el 24 de junio, la cual estableció que la convocatoria a una asamblea permanente interrumpía el derecho a la educación. Por ello, el juzgado ordenó la cancelación inmediata de la asamblea, así como la notificación formal a todas las escuelas públicas para reanudar clases. El tribunal advirtió que el incumplimiento de esta orden implicaría sanciones económicas y otras responsabilidades legales.

Aunque el tribunal reconoció el derecho del sindicato a realizar asambleas, también estableció un límite: solo se permitirán dos reuniones anuales, siempre que no interfieran con el servicio educativo. Esta medida busca proteger el acceso de los estudiantes a su derecho constitucional a la educación sin restringir la libertad de organización sindical.

Un día antes, el 23 de junio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya había obtenido un fallo favorable en otro proceso, donde se concedió un amparo que exigía al STEG cesar la suspensión de clases. En ese fallo, el Comité Ejecutivo fue obligado a presentar un informe explicando su decisión de paralizar las actividades escolares, bajo advertencia de acciones legales en caso de incumplimiento.

Durante la conferencia de prensa realizada el 27 de junio, la PGN confirmó que dio seguimiento a la nueva resolución del Juzgado Quinto y notificó formalmente a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, se espera que el Ministerio Público actúe conforme a lo establecido y que el servicio educativo se restablezca plenamente en todo el país, garantizando el equilibrio entre los derechos laborales y los derechos fundamentales de los estudiantes guatemaltecos.