La FECI de Curruchiche solicita y Sala Tercera ordena captura de los colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por caso Odebrecht; Gobiernos de Guatemala y Colombia rechazan medida

Los gobiernos de Guatemala y Colombia enfrentan crisis diplomática tras órdenes de captura emitidas por la Fiscalía guatemalteca contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por presuntos vínculos con Odebrecht.

Guatemala, Ciudad – Las tensiones diplomáticas entre Guatemala y Colombia escalaron este 2 de junio, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, obtuviera la autorización de la Sala Tercera de Apelaciones para emitir órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador colombiano ante la Santa Sede, y contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón. La reacción de ambos gobiernos fue inmediata, tildando la medida como un acto de persecución política sin respaldo jurídico.

La orden de captura fue solicitada por la FECI como parte de un proceso penal en el que se acusa a Velásquez y Camargo de delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco de las investigaciones relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht. Según Curruchiche, la supuesta red “criminal” que integraban ambos exfuncionarios habría favorecido intereses empresariales en detrimento del Estado guatemalteco, ocasionando pérdidas por más de 3 mil millones de quetzales.

La FECI también solicitó órdenes de captura contra otros exfuncionarios y operadores de justicia como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Luis Gaitán. Interpol ya fue notificada, según el Ministerio Público, para ejecutar la detención internacional de los implicados.

Respuesta oficial de Guatemala:

Pese a que la acción judicial se gestó en el interior del Ministerio Público, el Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, emitió un comunicado categórico rechazando las órdenes de captura. Señaló que estas medidas tienen “evidente objeto político”, carecen de sustento legal y violan acuerdos internacionales como el convenio entre la ONU y el Estado guatemalteco que dio origen a la CICIG.

“El Gobierno considera que estas acciones se suman a una cadena de decisiones del Ministerio Público y de jueces ligados a redes de corrupción, que han pervertido el sentido de la justicia y utilizan el derecho penal como instrumento de criminalización y persecución”, expuso el Ejecutivo.

El pronunciamiento también destacó la violación a los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, además de advertir que ya se han iniciado los contactos diplomáticos con Colombia para defender la imagen internacional del país ante lo que calificaron como “un acto espurio” del Ministerio Público.

Reacción en Colombia: firme rechazo y preocupación internacional

Desde Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado con tono severo en el que calificó la decisión guatemalteca como un atentado a la justicia internacional y una preocupante manipulación de los mecanismos judiciales internacionales. El gobierno colombiano expresó su “profunda preocupación” y reafirmó su compromiso con el respeto al derecho internacional y la independencia judicial, denunciando lo que considera una “grave desviación de los estándares del derecho internacional”.

La canciller colombiana, Laura Sarabia, expresó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter):

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional”.

En el mismo comunicado se advierte que las órdenes carecen de base probatoria sólida y que la utilización de mecanismos de cooperación judicial debe estar regida por la legalidad y la transparencia, condiciones que, según Colombia, no se cumplen en este caso.

Contexto político y judicial

Iván Velásquez lideró entre 2013 y 2019 la CICIG, una entidad internacional que, junto con el Ministerio Público de entonces, impulsó investigaciones clave contra la corrupción, incluyendo el caso “La Línea” que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina. Durante ese periodo, Velásquez se ganó tanto elogios de la comunidad internacional como la enemistad de sectores políticos y empresariales guatemaltecos.

La orden de captura actual es interpretada por analistas y organizaciones defensoras de derechos humanos como un nuevo intento de revancha judicial por parte de estructuras que fueron expuestas por la CICIG y el MP en su momento.

Además, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, ha sido incluido por el Departamento de Estado de EE.UU. en su “Lista Engel” de actores antidemocráticos y corruptos, lo que agrava la percepción de ilegitimidad en sus actuaciones judiciales.

Implicaciones regionales e internacionales

El caso ha puesto nuevamente a Guatemala en el centro de atención internacional por la aparente manipulación del sistema de justicia para fines políticos. La situación podría escalar en instancias multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En Colombia, la acción ha causado indignación en distintos sectores políticos, donde se ve la medida no solo como un ataque a dos funcionarios con trayectoria internacional, sino como un intento de socavar los principios de justicia que ambos han promovido en sus carreras.

El conflicto abierto entre la Fiscalía guatemalteca y los gobiernos de Guatemala y Colombia no solo evidencia la polarización en torno al legado de la CICIG, sino que también plantea serias dudas sobre la independencia judicial en el país centroamericano. Con una comunidad internacional cada vez más vigilante, este caso podría marcar un nuevo punto de inflexión en la lucha —o la regresión— contra la impunidad en la región.