La construcción de la megacárcel en Masagua está envuelta en incertidumbre, pues la población rechaza la obra y exige una consulta popular antes de su posible ejecución.
El anuncio de una prisión de máxima seguridad en la finca Cuyuta, Masagua, ha generado alarma entre los habitantes del municipio, quienes temen un aumento en la inseguridad y un impacto negativo en la economía local. A pesar de que el Ministerio de Gobernación (Mingob) aseguró que la prisión estaría lista este año, las protestas y la oposición vecinal han complicado su viabilidad.
La falta de información clara y consulta con la comunidad ha detonado una ola de rechazo. Vecinos organizados han solicitado formalmente la realización de una consulta popular para decidir el futuro del proyecto. «Nos sentimos vulnerables y preocupados por lo que esta cárcel podría traer a nuestra comunidad», declaró José Ramírez, representante de un grupo ciudadano que lidera la oposición al proyecto.
El director del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, reconoció en una citación en el Congreso que la obra no podrá concluirse este año y mencionó que la fecha tentativa de finalización se ha pospuesto hasta febrero de 2026. Sin embargo, no especificó cuándo podría iniciarse la construcción, lo que refuerza la incertidumbre sobre la ejecución del plan.
A pesar de la oposición, el Mingob continúa con gestiones administrativas, como la reciente oficialización de la finca Cuyuta como propiedad de la cartera del Interior, mediante el Acuerdo Gubernativo Número 4-2025. No obstante, sin licencias ambientales y sanitarias aprobadas, y con la presión social en aumento, el destino del proyecto sigue en el aire.
Ante este panorama, el gobierno también evalúa construir otras prisiones en distintos puntos del país bajo un esquema de alianza público-privada, según informó Vela. Sin embargo, en Masagua la postura es clara: los vecinos no quieren la megacárcel y están dispuestos a movilizarse para evitar su construcción.
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