Diversas organizaciones internacionales y entidades de prensa han expresado su rechazo a la recaptura del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, denunciando el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas y socavar la libertad de expresión en el país.
Guatemala, Ciudad – La decisión de revocar el arresto domiciliario del periodista Jose Rubén Zamora y devolverlo a prisión ha generado una ola de condenas a nivel internacional. Reporteros Sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional (AI) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han calificado el fallo judicial como un atentado contra la libertad de prensa en Guatemala y han exigido su liberación inmediata.
Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, fue recapturado el lunes 10 de marzo tras una audiencia en la que el juez Erick García acató la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que ordenó revocar la medida de arresto domiciliario concedida en octubre de 2024. Tras la decisión, agentes del Sistema Penitenciario lo trasladaron nuevamente al cuartel militar Mariscal Zavala, donde ya había pasado más de 800 días encarcelado desde su detención inicial en julio de 2022.
El periodista, de 68 años, enfrenta cargos de lavado de dinero y chantaje, aunque tanto su defensa como diversos organismos de derechos humanos sostienen que su proceso judicial es una represalia por sus investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Alejando Giammattei. Durante la audiencia, Zamora insistió en su inocencia y denunció que su caso es un ejemplo del uso arbitrario de la justicia para intimidar a la prensa independiente. «Regreso a prisión, pero seguiré enfrentando el Estado mafioso que controla la justicia en Guatemala», declaró.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, criticó duramente la decisión judicial, calificándola de «espuria» y señalando que evidencia «una manipulación del sistema de justicia para acallar voces disidentes». Arévalo subrayó que este caso es un reflejo de la crisis institucional que enfrenta el país y advirtió sobre el riesgo de que más periodistas sean criminalizados.
Juez denuncia amenazas e intimidaciones
El colectivo No Nos Callarán expresó su firme rechazo a la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, que obligó al juez Erick García a anular la medida de arresto domiciliario previamente otorgada a José Rubén Zamora.
Durante la audiencia, el magistrado explicó que su resolución se basó en el cumplimiento de una orden de una instancia superior, aunque reiteró su postura de que el tiempo de prisión preventiva se había prolongado más allá de lo permitido, lo que representaba una vulneración a los derechos del periodista. Además, denunció que tanto él como su equipo han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de desconocidos.
Entidades de prensa se pronuncian
La organización Reporteros Sin Fronteras denunció que el fallo judicial «no solo viola los derechos fundamentales de Zamora, sino que envía un mensaje de intimidación a todos los periodistas guatemaltecos». En tanto, Amnistía Internacional calificó la detención como un acto de criminalización del periodismo crítico y exigió la anulación de los cargos en su contra.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que la decisión de encarcelar nuevamente a Zamora representa «un grave retroceso en la lucha por la libertad de expresión en América Latina». La embajada británica en Guatemala también expresó su preocupación, instando al gobierno a garantizar el respeto a la independencia judicial y a la prensa.
La Fundación Gabo, que en 2024 otorgó a Zamora el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, también se pronunció en contra de su encarcelamiento, señalando que la decisión judicial «evidencia la falta de independencia en el sistema judicial guatemalteco». La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la medida como un «grave atentado contra la libertad de expresión en Guatemala» y urgió a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el país para proteger el ejercicio periodístico.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció la decisión judicial como una escalada en la represión de la prensa independiente, mientras que el colectivo No Nos Callarán criticó la orden judicial que forzó al juez García a revocar el arresto domiciliario de Zamora, quien ya había pasado más de 800 días en prisión preventiva.
Además de la condena de organismos internacionales y entidades de prensa extranjeras, diversos medios de comunicación nacionales han manifestado su preocupación por la criminalización de la prensa en Guatemala. Editoriales de diarios como Prensa Libre y La Hora han resaltado el impacto negativo de la decisión en la libertad de expresión, mientras que asociaciones de periodistas locales han advertido sobre el riesgo de un deterioro aún mayor en las condiciones de trabajo para el gremio periodístico en el país. La condena a Zamora es vista como un precedente peligroso que podría extender la censura y la autocensura en los medios nacionales.
Zamora había sido sentenciado en 2023 a seis años de prisión por lavado de dinero, pero en 2024 un tribunal de apelaciones anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. Ahora, su proceso continuará mientras permanece en prisión, en un caso que sigue atrayendo la atención de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.
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