El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín dejó la prisión este sábado alrededor de las 5.30 de la tarde, después de más de 800 días de detención preventiva. La decisión fue tomada por el Tribunal Noveno de Sentencia, que otorgó al periodista el arresto domiciliario como medida sustitutiva.
La noche del viernes 18 de octubre, el juez Erick García resolvió otorgar una medida sustitutiva a José Rubén Zamora, quien ha permanecido en prisión preventiva desde julio de 2022. Con esta decisión, Zamora podrá cumplir el resto del proceso desde su residencia, bajo estrictas condiciones.
Aunque la resolución fue emitida tarde en la noche, el periodista no fue liberado de inmediato debido al horario de cierre de los centros penitenciarios.
Zamora, fundador del diario elPeriódico, fue arrestado en julio de 2022, pocos días después de lanzar acusaciones de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei. Su liberación se produce en medio de un contexto de críticas hacia el sistema judicial y las tácticas dilatorias de las partes acusadoras, que han intentado obstaculizar el avance del proceso. Con su salida de la cárcel, Zamora podrá continuar su defensa desde casa, mientras enfrenta otros dos procesos judiciales en su contra.
El reciente fallo judicial que permite al periodista José Rubén Zamora regresar a su hogar bajo arresto domiciliario ha generado múltiples reacciones en el ámbito público y político de Guatemala. Entre ellas, destaca la del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien expresó su postura a través de su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente Twitter).
«Zamora vuelve a casa. La justicia comienza a llegar, el ciclo oscuro va a terminar», publicó Arévalo, en lo que muchos interpretan como una afirmación de confianza en el sistema judicial y un anuncio de posibles cambios en el contexto político del país.
Condiciones del arresto domiciliario
A pesar de obtener el arresto domiciliario, Zamora enfrenta varias restricciones. No puede salir del país sin previa autorización judicial, y tiene prohibido establecer contacto con personas relacionadas con su caso. Además, deberá presentarse semanalmente ante el Ministerio Público para firmar un control de asistencia, lo que garantizará su cumplimiento con las disposiciones judiciales.
Este fallo representa un avance significativo en el proceso legal que ha mantenido en vilo a la opinión pública guatemalteca, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito judicial y afectar el entorno político del país.
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