El Gobierno de Guatemala publicó en el Diario Oficial los acuerdos que eliminan el pago obligatorio del seguro de responsabilidad civil para vehículos, tras protestas ciudadanas.
Guatemala, Ciudad – Este jueves, el Gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centro América (DCA), los Acuerdos Gubernativos 56, 57, 58 y 59 de 2025, que derogan la obligatoriedad del pago de seguro de responsabilidad civil contra terceros para vehículos particulares, motocicletas, autobuses y camiones. La medida, tomada por el presidente Bernardo Arévalo, responde a las intensas manifestaciones y bloqueos que se registraron en varios puntos del país en rechazo a esta obligación.
Cientos de guatemaltecos vivieron dos días agobiantes debido a los bloqueos, enfrentando alrededor de 36 horas de estrés e incertidumbre. Muchos pasaron horas atrapados en el tráfico, como Juan Pérez, residente de Villa Canales, quien estuvo cerca de seis horas en su vehículo el martes y cinco más el miércoles, sin poder avanzar. Otros, ante la imposibilidad de llegar a sus destinos, se vieron obligados a dormir en sus automóviles la primera noche, expuestos al frío, la fatiga y los peligros de la noche, en una situación que evidenció el impacto de las protestas en la vida cotidiana de la población.
“Para quienes no tendremos ninguna consideración es con los criminales que han aprovechado la legítima preocupación de los guatemaltecos para atentar contra el orden público, generando caos y afectando a miles de familias y a los actores políticos oportunistas, muchos de los cuales formaron parte de gobiernos anteriores y cuya corrupción e incompetencia los hizo sacrificar el interés, bienestar y seguridad del pueblo”, subrayó el mandatario.
Remarcó que Guatemala necesita cambiar y dar pasos firmes hacia un futuro mejor donde la seguridad vial y de las familias guatemaltecas esté garantizada.
“Mantengo la convicción de que una nueva ley general de transportes es el camino correcto por el que debemos transitar todos juntos, por el bienestar de nuestro país”, refirió el jefe de Estado.
A través de los acuerdos, el Ejecutivo decidió suspender la implementación de esta normativa que había sido previamente establecida para entrar en vigencia el 1 de mayo de 2025. Los acuerdos, que entraron en vigor de inmediato, suspenden las multas y sanciones que se habrían impuesto a los propietarios de vehículos que no contrataran el seguro obligatorio.
Acuerdos derogados por el Gobierno:
- Acuerdo Gubernativo 46-2025: Establecía que los motociclistas debían contar con un seguro contra lesiones o muertes causadas por el vehículo, con multas de Q500 en caso de no cumplir, y Q2,000 si se involucraban en un accidente sin seguro.
- Acuerdo Gubernativo 47-2025: Establecía la obligación de contar con un seguro para vehículos particulares, imponiendo sanciones entre Q800 y Q3,200 para quienes no contrataran el seguro obligatorio.
- Acuerdo Gubernativo 48-2025: Regía para el transporte urbano (autobuses), con multas de entre Q4,000 y Q15,000 para el incumplimiento.
- Acuerdo Gubernativo 49-2025: Regía para el transporte de carga, similar a las regulaciones para el transporte urbano.
Aunque los acuerdos fueron derogados, el presidente Arévalo ha otorgado una prórroga de un año para revisar el Artículo 29 de la Ley de Tránsito y dar tiempo a las autoridades y opositores para llegar a una solución consensuada.
Reacciones de los manifestantes
El anuncio llega luego de varios días de intensas protestas y bloqueos, donde los manifestantes exigían la derogación del seguro obligatorio. La medida tomada por el presidente Arévalo busca calmar las tensiones y abrir el espacio para un diálogo más amplio sobre las reformas al sistema de transporte y seguridad vial en el país.
La derogación de los acuerdos ha generado reacciones diversas en distintos sectores. Mientras algunos ciudadanos celebran la decisión como una victoria contra la imposición de costos adicionales, otros advierten sobre la necesidad de contar con un sistema de aseguramiento que proteja a los afectados por accidentes de tránsito.
Creación de una mesa técnica
En su mensaje a la nación que dio ayer alrededor de las 8 y media de la noche a través de sus redes sociales y sin previo aviso, el mandatario reconoció la necesidad de una legislación que proteja a las víctimas de accidentes de tránsito. Por ello, anunció la conformación de una mesa técnica liderada por el Ministerio de Gobernación y el Viceministerio de Transporte, con el objetivo de estructurar un mecanismo viable para la implementación del seguro en un plazo de un año.
Además, el Gobierno impulsará una iniciativa de ley que modernice el sistema de transporte y aborde de manera integral la seguridad vial. La intención es lograr un consenso entre los sectores involucrados para garantizar la viabilidad del seguro sin afectar económicamente a los ciudadanos.
El Ministerio de Gobernación y el Viceministerio de Transporte liderarán la mesa técnica que, en el plazo de un año, deberá diseñar una propuesta viable para la implementación de un seguro obligatorio que contemple la realidad económica del país y garantice protección a las víctimas de siniestros viales.
Por su parte, sectores empresariales y aseguradoras han expresado su interés en participar en las discusiones para buscar un modelo que no afecte excesivamente a los propietarios de vehículos, pero que a la vez garantice la responsabilidad en caso de accidentes.
Con esta decisión, el Gobierno busca un equilibrio entre las demandas ciudadanas y la necesidad de modernizar el sistema de transporte y seguridad vial en Guatemala.
El debate sobre la regulación del tránsito
La revocación de la medida ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores celebran la decisión como una victoria de la presión ciudadana, otros advierten sobre la necesidad de garantizar que los afectados por accidentes de tránsito no queden desprotegidos.
El presidente Arévalo reiteró que la seguridad vial es una deuda pendiente desde 1996 y que la falta de regulación ha permitido que muchas víctimas de accidentes no reciban ningún tipo de indemnización. Asimismo, condenó a quienes, aprovechando el descontento legítimo de la población, promovieron acciones violentas que afectaron a miles de ciudadanos.
Con la derogación de los acuerdos, el pago del seguro obligatorio queda suspendido hasta que se alcance un consenso sobre su implementación. Durante el próximo año, la mesa técnica trabajará en la reglamentación del artículo 29 de la Ley de Tránsito para definir un esquema viable de seguro obligatorio que responda a las necesidades del país sin generar un impacto económico excesivo en los propietarios de vehículos.
Deja un comentario