El fiscal Rafael Curruchiche acusó a CICIG y al MP de cometer irregularidades en investigaciones como La Línea y Odebrecht, generando una fuerte reacción de exfuncionario.
Guatemala, Ciudad – Durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, arremetió contra la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encabezada en su momento por Iván Velásquez, y contra exautoridades del Ministerio Público como Thelma Aldana. El fiscal afirmó que ambos actores incurrieron en ilegalidades al desarrollar investigaciones sobre casos de corrupción como La Línea, TCQ, y Odebrecht.
Curruchiche justificó su reciente solicitud de orden de captura contra Velásquez y otros exfuncionarios, alegando que manipularon procesos, presionaron a jueces y construyeron casos sobre pruebas inconsistentes. Entre sus señalamientos, dijo que los casos promovidos por CICIG se caracterizaban por un «show mediático» que ejercía presión social y judicial.
Uno de los principales ejemplos citados fue el uso de la colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Baldetti, cuya declaración —según Curruchiche— fue tratada como «prueba reina» sin verificación suficiente. Afirmó también que CICIG elaboraba informes sin valor procesal y que su personal participaba en allanamientos sin quedar registrado en actas oficiales.
El fiscal recordó el caso de la exmagistrada Blanca Stalling, señalando irregularidades como la pérdida de evidencias físicas (una peluca, anteojos y un arma) y errores en la cadena de custodia. «Muchos de estos casos se están cayendo porque no se respetaron procedimientos esenciales», sostuvo.
La reacción no tardó en llegar. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la misma fiscalía, respondió que las acusaciones forman parte de una estrategia para criminalizar a quienes lucharon contra la corrupción. «Ningún tribunal independiente ha confirmado estas afirmaciones. Al contrario, las investigaciones fueron reconocidas internacionalmente», subrayó.
Sandoval defendió la legalidad de los acuerdos de colaboración alcanzados en el caso Odebrecht, destacando que se cumplieron los principios del debido proceso y que las actuaciones estuvieron avaladas por jueces y autoridades del Ministerio Público.
El cruce de versiones evidencia el creciente enfrentamiento entre las actuales autoridades del MP y exoperadores de justicia. Mientras la fiscalía actual apunta a revisar con lupa el legado de la CICIG, diversas voces dentro y fuera del país denuncian un intento por deslegitimar los avances logrados en la lucha contra la corrupción entre 2008 y 2021.
En un contexto marcado por tensiones políticas e institucionales, el debate sobre la legalidad de las actuaciones pasadas continúa polarizando la opinión pública y generando dudas sobre el futuro de la justicia en Guatemala.
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