UE sanciona a la Fundación contra el Terrorismo y a tres guatemaltecos por socavar el orden democrático

La Unión Europea sancionó a la Fundación contra el Terrorismo y a tres figuras clave por acciones que, según el Consejo Europeo, debilitan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.

Bruselas, Bélgica – La Unión Europea amplió su lista de sancionados en Guatemala, al incluir a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a dos de sus representantes y a un juez penal, acusándolos de contribuir a la erosión de la democracia y al debilitamiento del Estado de derecho en el país centroamericano.

Según el Consejo de la UE, las sanciones alcanzan a Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, presidente de la FCT; Raúl Amílcar Falla Ovalle, su representante legal; y al juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Todos ellos son señalados de perseguir e intimidar a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

Las medidas se traducen en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito por los países miembros de la Unión. Además, se impide a empresas o ciudadanos europeos proporcionarles recursos financieros o económicos.

De acuerdo con el Consejo, la FCT ha desempeñado un papel activo en la promoción de denuncias penales contra jueces, fiscales y comunicadores que han denunciado casos de corrupción, con el fin de obstaculizar la rendición de cuentas y desincentivar la independencia judicial. La organización, aseguran, ha actuado como un instrumento para intimidar a quienes desafían estructuras de poder corruptas.

Por su parte, el juez Bremer es acusado de emitir órdenes de captura basadas en cargos infundados y de retrasar procesos judiciales relevantes, lo que vulnera el derecho a un juicio justo. El informe de la UE lo vincula directamente con decisiones que afectan el caso del periodista José Rubén Zamora y otros procesos sensibles.

Estas nuevas sanciones se suman a las ya impuestas en febrero de este año a cinco funcionarios del Ministerio Público y del sistema judicial guatemalteco, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, por tratar de impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

En respuesta, Méndez Ruiz desestimó las sanciones calificándolas como “una medalla más” y vinculó la decisión de la UE con una agenda política contraria a sus principios. Por su parte, Falla Ovalle manifestó que continuarán sus acciones legales “con más empeño”.

La Unión Europea reiteró que estas sanciones no están dirigidas contra Guatemala ni su población, sino exclusivamente contra individuos y entidades que socavan el orden democrático. Además, reafirmó su compromiso con el pueblo guatemalteco y su apoyo a la transición democrática tras las elecciones de 2023.

Desde enero de 2024, la UE estableció un marco legal específico para sancionar a personas responsables de obstruir dicha transición democrática. Las acciones de la FCT y de los individuos sancionados, afirman, constituyen una amenaza directa al cumplimiento de ese proceso.