La CC suspende la indemnización y exige al Congreso analizar si el aumento salarial para diputados es viable, tras señalar riesgos financieros y falta de justificación técnica.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional la indemnización que pretendían aprobar los diputados y ordenó al pleno del Congreso justificar, mediante un análisis financiero, el incremento salarial aprobado en circunstancias cuestionables. La decisión surge tras un amparo presentado por diputados del bloque VOS, que impugnaron el Acuerdo Legislativo 31-2024.
El acuerdo, aprobado en la madrugada y sin respaldo técnico, incluyó un aumento de sueldo y una millonaria indemnización que, según cálculos, representaría un costo de Q33 millones por legislatura. La CC advirtió que esta medida podría impactar significativamente las finanzas públicas y vulnerar principios de eficiencia en el gasto.
Durante una sesión extraordinaria, los cinco magistrados titulares –Nester Vásquez, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus– resolvieron de forma unánime conceder el amparo provisional. La resolución deja en pausa el pago de indemnizaciones y devuelve al Congreso la responsabilidad de reevaluar, bajo parámetros financieros claros, si el incremento salarial es viable y necesario.
Según el fallo, la Junta Directiva deberá emitir un dictamen de disponibilidad presupuestaria y someterlo nuevamente a votación en el pleno. Esto obliga a los diputados a decidir, en un proceso más transparente, si ratifican o rechazan el aumento acordado anteriormente sin análisis técnico.
Analistas han criticado duramente la aprobación del incremento, señalando que careció de fundamento financiero y ocurrió en un horario irregular, generando dudas sobre la intención detrás de la medida. La CC también destacó que las proyecciones económicas de la Junta Directiva del Congreso no sustentan el aumento, lo que refuerza la necesidad de un estudio exhaustivo antes de cualquier decisión.
La controversia generó reacciones entre diversos bloques legislativos, algunos de los cuales rechazaron la medida a través de comunicados y redes sociales. Otros diputados denunciaron que el tablero electrónico registró votos positivos erróneamente, aunque ningún partido presentó acciones legales.
Con esta resolución, la CC no solo detiene momentáneamente la indemnización, sino que también exige un proceso riguroso para el análisis del incremento salarial. El desenlace queda en manos del pleno del Congreso, que deberá decidir si respalda nuevamente un aumento cuestionado o rectifica su postura ante la opinión pública.
Por ahora, el amparo otorgado por la CC permanecerá vigente hasta que se emita una resolución definitiva, mientras se observa con atención cómo procederán los legisladores en un tema que ha generado indignación ciudadana.
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