La magistrada Leyla Lemus toma el mando del máximo tribunal constitucional del país, enfrentando señalamientos sobre su cercanía al expresidente Giammattei y promesas de autonomía institucional.
Guatemala, Ciudad – La Corte de Constitucionalidad (CC) cuenta con una nueva presidenta: la magistrada Leyla Lemus, quien asumió formalmente el cargo este 14 de abril en una ceremonia celebrada en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. Al acto asistieron el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, junto a autoridades de los tres organismos del Estado, el presidente del Congreso de la República, representantes del sector privado y cooperantes internacionales.
Su mandato, que se extenderá hasta 2026, coincide con uno de los períodos más complejos en materia política y judicial que enfrentará el país.
Durante el acto protocolario, Lemus recibió los símbolos presidenciales —botón, anillo y medalla— de manos del saliente Nester Vásquez Pimentel, cuya gestión ha sido blanco de múltiples críticas por su presunta afinidad con sectores vinculados al denominado “pacto de impunidad”.
En su primer discurso como presidenta de la CC, Lemus recalcó que su administración no cederá a ningún tipo de presión política y se comprometió a defender con firmeza los principios de la Constitución. “Asumo esta responsabilidad con profundo honor y con la determinación de proteger los valores que sostienen nuestra democracia”, expresó.
Un tribunal bajo la lupa
Lemus llega a la presidencia de un tribunal que en los últimos años ha tomado decisiones determinantes, como permitir la continuidad de Consuelo Porras como fiscal general en 2022 y frenar ciertas iniciativas legislativas, aunque permitió otras controversiales como el incremento salarial para los diputados.
Su liderazgo, sin embargo, no escapa a cuestionamientos. Diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado su cercanía con el expresidente Alejandro Giammattei, quien la designó como magistrada titular luego de que ella ejerciera como su secretaria general de la Presidencia (2020-2021). Esta relación ha generado dudas sobre su independencia, en un momento en que la Corte deberá pronunciarse sobre la renovación de autoridades clave como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
El legado de Vásquez
El paso de Nester Vásquez por la presidencia de la CC también ha dejado huella. Según Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, su mandato se caracterizó por un uso estratégico del poder judicial para influir en decisiones políticas. “No fue un líder visible ni por mérito gremial, pero supo aprovechar su rol para mover piezas en el tablero institucional”, aseguró.
Ibarra y otros analistas como Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, coinciden en que el magistrado fue una figura central en el entramado judicial afín al oficialismo previo. Incluso acusan que su llegada al cargo fue resultado de maniobras políticas tras la descalificación de su rival, Estuardo Gálvez.
La salida de Vásquez ocurrió sin acceso a la prensa y con un informe de labores no divulgado públicamente, lo que ha levantado suspicacias sobre su transparencia.
Una presidencia bajo presión
Aunque diversos sectores han señalado que el cambio de mando no implica un giro en la orientación institucional de la Corte, otros, como Pablo Guerra del Movimiento Cívico Nacional, creen que es justo otorgarle a Lemus el beneficio de la duda. “Tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede ejercer una presidencia comprometida con la Constitución y no con intereses personales o políticos”, afirmó.
Guerra también instó a que se prioricen temas que fueron postergados durante la presidencia anterior, como la revisión de los pactos colectivos del magisterio y otras resoluciones que afectan directamente la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
El reto de la legitimidad
Leyla Lemus inicia su gestión en un momento en que la Corte de Constitucionalidad juega un rol clave en el equilibrio institucional del país. Más allá de los discursos de compromiso, su presidencia será evaluada por la coherencia entre lo que prometa y lo que efectivamente realice.
Enfrentará decisiones sensibles, presiones cruzadas y la mirada crítica de una ciudadanía cada vez más vigilante ante la actuación de los poderes del Estado. Y, aunque las dudas sobre su independencia persisten, el margen para construir legitimidad aún está abierto.
Como parte del acto oficial, la magistrada también recibió una llave de plata que simboliza la protección de la primera Constitución Política de la República. Además, previo a la juramentación, se desarrolló un diálogo sobre la evolución de la constitucionalidad en 200 años en Guatemala, en el que se abordó la importancia del respeto al orden constitucional y el rol histórico de la Corte como garante del equilibrio entre poderes.
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