Por motivos de seguridad, el Sistema Penitenciario solicitó que las audiencias contra Fernanda Bonilla se desarrollen por videoconferencia desde Zacapa.
Guatemala – La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) solicitó formalmente al Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula que las audiencias contra María Fernanda Bonilla Archila se desarrollen mediante videoconferencia. La medida busca evitar el traslado de la acusada desde el Centro de Detención Jocotes, ubicado en Zacapa, donde permanece recluida, hacia la sede judicial chiquimulteca.
La solicitud, registrada en el oficio 1591-2025 y enviada el 24 de abril, aún no ha recibido respuesta por parte del juzgado. Según explicó el Sistema Penitenciario, el objetivo de la petición es minimizar riesgos tanto para la privada de libertad como para los operadores de justicia y ciudadanos que asisten a las audiencias. Además, la entidad indicó que esta modalidad reduciría costos en logística y seguridad.
Desde una pequeña sala equipada con tecnología en el Centro de Detención Jocotes, en Zacapa, podría desarrollarse el próximo capítulo judicial del caso Bonilla. El recinto carcelario, donde permanece recluida María Fernanda Bonilla Archila, cuenta con instalaciones que permiten celebrar audiencias por videoconferencia, evitando así traslados considerados de alto riesgo.
Luis Juárez Bolaños, director general del Sistema Penitenciario, explicó que es la Subdirección Operativa la encargada de evaluar cada movimiento de los privados de libertad. Esta instancia, además de garantizar la seguridad en los penales, también tiene la responsabilidad de emitir criterios técnicos sobre si un traslado es viable o no, especialmente en casos delicados como este.
El asesinato de Melissa Palacios
Bonilla Archila es considerada la principal sospechosa del asesinato de Melissa Palacios, ocurrido en julio de 2021. La joven fue reportada como desaparecida el 4 de julio, tras asistir a un cumpleaños en San Jorge, Zacapa. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en Río Hondo, presentando signos de violencia.
En torno al caso, la familia de Melissa organizó una caminata pacífica el 4 de mayo para exigir justicia y el traslado del proceso judicial a un juzgado de mayor riesgo en la capital. Alegaron intimidaciones por parte de sujetos armados que acompañan a los acusados y manifestaron su desconfianza en la imparcialidad de las autoridades locales.
El proceso ha generado polémica desde diciembre de 2021, cuando el juez José Maximino Morales González decidió reclasificar los delitos: Bonilla pasó de ser acusada de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, y José Luis Marroquín Ovalle, de coautor del crimen, fue señalado únicamente por encubrimiento propio. Esta decisión provocó preocupación pública y cuestionamientos al sistema de justicia.
Deja un comentario