Ante el llamado de la ONU a frenar el uso indebido del derecho penal contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, respondió que la institución actúa únicamente bajo el mandato de la ley.
Guatemala, Ciudad – La fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, respondió este 24 de mayo a las declaraciones de Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien durante una visita oficial a Guatemala instó a las autoridades a detener el uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y actores políticos.
En un mensaje divulgado por los canales oficiales del Ministerio Público (MP), Porras subrayó que la institución que dirige “no actúa por presiones ni por agendas ajenas a su mandato”, y enfatizó que su labor está guiada exclusivamente por la ley. “Esperamos lo mismo de quienes nos observan: respeto a nuestra independencia, reconocimiento a nuestra institucionalidad guatemalteca y apertura al diálogo responsable”, afirmó.
El pronunciamiento de la jefa del MP surge en respuesta a las afirmaciones de la relatora de la ONU, quien, tras una visita de once días al país, denunció patrones sistemáticos de criminalización dirigidos a sectores específicos. Según Satterthwaite, la instrumentalización del sistema de justicia por parte del MP representa una “privación grave y deliberada de derechos humanos fundamentales”.
Durante su estancia en Guatemala, Satterthwaite se reunió con autoridades del Ejecutivo, el Congreso, jueces, abogados y representantes de la sociedad civil. Al término de su visita, expresó su preocupación por el uso del aparato judicial para perseguir a quienes combaten la corrupción o defienden derechos fundamentales. “La criminalización debe cesar”, declaró, y recomendó adoptar reformas institucionales profundas para garantizar la independencia judicial.
La relatora también sugirió al Congreso revisar la Ley Orgánica del MP y al Ejecutivo implementar mecanismos internacionales de evaluación sobre el funcionamiento del Ministerio Público, como una revisión independiente promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o un panel de expertos.
En su respuesta, Porras defendió la labor de los fiscales y el personal del MP, destacando su “valentía y profesionalismo”, y reiteró que en Guatemala “la justicia no se negocia con nadie; se construye, se ejerce y se defiende”.
Este cruce de declaraciones pone nuevamente en el centro del debate nacional la independencia del sistema de justicia y la presión internacional sobre las instituciones responsables de garantizar el Estado de derecho en el país.
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