Guatemala avanza hacia la modernización logística con una ley que busca convertir sus puertos en plataformas competitivas, seguras y eficientes para el comercio regional y global.
Guatemala, Ciudad – Con la mirada puesta en el futuro logístico de Guatemala, el gobierno presentó la Ley General del Sistema Portuario, una ambiciosa iniciativa que no solo regula la operación de los puertos, sino que redefine su papel como ejes estratégicos del desarrollo nacional.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y explicada por el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Ángel Díaz, se sustenta en un enfoque integral que incorpora experiencias internacionales, aportes técnicos y diálogo con actores públicos y privados.
“El país necesita infraestructura portuaria del siglo XXI, pero también un marco legal moderno que ordene, estimule e integre todos los componentes logísticos del comercio exterior”, afirmó Díaz.
La ley —compuesta por 12 títulos y 106 artículos— introduce conceptos clave como plataformas flotantes, terminales especializadas, muelles para diversos tipos de carga, y fondeaderos para productos líquidos y gaseosos. También reconoce la importancia de la conectividad vial y ferroviaria como parte de un sistema intermodal que reduzca tiempos y costos logísticos.
Más allá de lo técnico, el objetivo es claro: convertir a Guatemala en un nodo logístico regional. Para ello, la legislación establece una Autoridad Portuaria Nacional, define los roles de operadores y prestadores de servicios, y promueve un modelo económico que incentive la inversión y asegure retornos para el Estado.
Este modelo permitirá una diversificación de instalaciones portuarias para atender no solo contenedores, sino también cruceros, carga a granel y proyectos de investigación marina. Una visión ambiciosa, pero necesaria, para un país con acceso a dos océanos y una ubicación geográfica envidiable.
“La ley alinea a Guatemala con las mejores prácticas globales y abre la puerta para convertir nuestros puertos en centros de oportunidades económicas, empleo e innovación”, concluyó Díaz.
El reto ahora queda en manos del Congreso, que deberá analizar y aprobar esta ley que podría ser el punto de partida de una nueva era para la infraestructura y competitividad del país.
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